La Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro defendió la validez constitucional de la Ley de Identidad de Género aprobada por el Congreso local y sostuvo que el reconocimiento legal de la identidad de género es una obligación jurídica para el Estado mexicano.

Mediante un posicionamiento difundido este 26 de mayo, el organismo señaló que el llamado control de convencionalidad obliga a todas las autoridades del país a interpretar y aplicar las normas conforme a tratados internacionales de derechos humanos y a criterios relacionados con dignidad humana y libre desarrollo de la personalidad.

La Defensoría afirmó que el reconocimiento de identidad de género no depende de decisiones discrecionales de los gobiernos, sino que forma parte de los compromisos constitucionales y convencionales asumidos por México desde la reforma de derechos humanos de 2011.

Además, advirtió que negar este reconocimiento coloca a las personas trans en una situación de contradicción jurídica, al existir socialmente con una identidad distinta a la reflejada en sus documentos oficiales.

El organismo también confirmó que participó en el acompañamiento técnico y jurídico de la iniciativa discutida en la Legislatura local, aportando observaciones y análisis para garantizar que la reforma cumpliera con estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

Sobre el anuncio de veto realizado por el gobernador Mauricio Kuri González, la Defensoría reconoció que se trata de una facultad constitucional del Poder Ejecutivo, aunque indicó que emitirá un posicionamiento más puntual una vez que se conozcan formalmente las observaciones jurídicas correspondientes.

Finalmente, reiteró que continuará dando seguimiento al proceso legislativo y evaluará las acciones que procedan dentro de sus atribuciones para garantizar el respeto a los derechos humanos.