El Congreso del estado de Querétaro se ubica entre los diez poderes legislativos locales más costosos del país en gasto por diputado, de acuerdo con cifras presentadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como parte de los argumentos de su denominado “Plan B” tras el rechazo de su propuesta de reforma electoral.

Los datos forman parte de un comparativo nacional sobre el presupuesto de los congresos estatales, el número de legisladores y el costo promedio que representa cada uno para las finanzas públicas, con el objetivo de sustentar la propuesta federal de reducir el tamaño de los poderes legislativos locales y municipales.

Según la información difundida por el gobierno federal, el Poder Legislativo de Querétaro cuenta con 25 diputados locales y para 2026 se contempla un presupuesto anual de 433 millones 682 mil 832 pesos, lo que equivale a 17 millones 347 mil 313 pesos por legislador.

Con ese monto, Querétaro se coloca en el lugar 10 a nivel nacional en costo por diputado, solo por debajo de estados como Baja California, Morelos, Michoacán, Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Chihuahua, Quintana Roo y Guerrero.

En contraste, el estado se ubica alrededor de la posición 21 en población, con aproximadamente 2.36 millones de habitantes, lo que lo coloca entre las entidades con población media-baja en el país.

En cuanto al presupuesto total del Poder Legislativo, Querétaro se encuentra aproximadamente en el lugar 15 nacional, por debajo de entidades con congresos de mayor tamaño o financiamiento como Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán y Veracruz.

La comparación evidencia que, aunque el estado no figura entre los más poblados ni entre los congresos con mayor presupuesto total, el costo individual por diputado sí se encuentra entre los más altos del país.

Las cifras fueron utilizadas por el gobierno federal para respaldar el “Plan B” en materia electoral y de organización institucional, que plantea reducir el tamaño y costo de los congresos estatales y de los cabildos municipales, bajo el argumento de optimizar el gasto público.