Colectivos estudiantiles, universitarios y comunitarios se pronunciaron de manera pública para exigir a la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) una postura institucional firme en defensa de los derechos del estudiantado, la libertad de expresión y el derecho a la protesta social, tras el presunto abuso de autoridad en contra de un estudiante y reportero de la Facultad de Ciencias Políticas.

Durante la lectura de un posicionamiento, los integrantes señalaron que los hechos ocurridos reflejan un deterioro en las garantías de los derechos humanos dentro de la institución, por lo que advirtieron que la universidad no puede mantenerse al margen ante este tipo de situaciones. “La universidad pública no es un actor neutral ante la vulneración de derechos; su silencio también comunica”, expresaron.

Asimismo, los colectivos cuestionaron la criminalización de la protesta social y el tratamiento mediático del caso, al considerar que se minimizan las demandas legítimas al reducirlas a disputas de carácter partidista. Indicaron que este tipo de narrativas constituyen una forma de violencia simbólica contra quienes ejercen su derecho a manifestarse.

Entre las principales exigencias se encuentra que la rectoría emita un posicionamiento público, el reconocimiento de la criminalización mediática como una forma de violencia, la convocatoria a una sesión extraordinaria del Consejo Universitario para revisar los protocolos en materia de derechos humanos, así como la reparación integral del daño a las personas afectadas y el acompañamiento institucional para prevenir la repetición de hechos similares.

El documento presentado por los colectivos sustenta sus demandas en diversos artículos del Estatuto Orgánico de la UAQ, relacionados con la autonomía universitaria, el compromiso social de la institución, la libertad de expresión y la defensa jurídica del estudiantado.