Un estudiante y colaborador del medio de comunicación Tribuna de Querétaro, perteneciente a la Universidad Autónoma de Querétaro, caracterizado por estar conformado por estudiantes de periodismo, denunció haber sido víctima de una detención arbitraria, intimidación y presuntas amenazas por parte de elementos de la Policía Estatal de Querétaro, luego de documentar en video una intervención policial en la colonia La Sierrita, al sur de la capital, el pasado jueves 15 de enero.

De acuerdo con su testimonio, el joven circulaba en bicicleta por una vialidad a un costado del río Querétaro cuando observó a varios policías someter con violencia a dos hombres, identificados como Carlos y Octavio, vecinos de la zona. Al percatarse de que uno de ellos presentaba visibles manchas de sangre, decidió grabar los hechos desde la vía pública. Minutos después, tras un forcejeo entre los detenidos y los oficiales, los tres hombres —incluido el estudiante— fueron asegurados y subidos a una patrulla.

El denunciante señaló que, durante su detención, fue agredido físicamente, amenazado y presionado para borrar los videos que había grabado, bajo el argumento de que no estaba autorizado para documentar la actuación policial. Afirmó que los oficiales le advirtieron sobre posibles represalias si el material era difundido, además de intimidarlo con referencias a que ya contaban con sus datos personales y domicilio.

Posteriormente, los tres detenidos fueron trasladados a distintos puntos antes de ser llevados a los juzgados cívicos en Santa Rosa Jáuregui, donde fueron presentados por la presunta falta administrativa de “desobediencia civil”. Durante la audiencia, el joven aseguró que el juez determinó que su detención se debió únicamente a que estaba grabando, pero aun así fue sometido al proceso administrativo. Indicó que no contó con defensor legal y que el testimonio de los policías tuvo mayor peso que su declaración.

El caso ha generado preocupación por posibles violaciones a derechos humanos, particularmente a la libertad de expresión, el derecho a documentar actos de autoridad en espacios públicos y el debido proceso. Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido una postura oficial sobre los señalamientos, mientras que el afectado manifestó temor ante posibles represalias, aunque decidió hacer público su testimonio como un llamado de atención sobre el actuar policial y el uso del poder en este tipo de intervenciones.