En un contexto donde Querétaro continúa sin despenalizar el aborto y mantiene una de las legislaciones más restrictivas del país en materia de derechos reproductivos, el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una iniciativa para declarar el 25 de marzo como el “Día de la Vida”.

La propuesta fue anunciada por la diputada Juliana Rosario Hernández Quintanar, quien argumentó que el objetivo es promover el reconocimiento institucional del derecho a la vida, bajo una visión que abarca “desde la fecundación hasta la vejez”, postura que ha sido reiteradamente cuestionada por colectivos feministas y de derechos humanos al considerar que invisibiliza los derechos de las mujeres y personas gestantes.

Aunque la legisladora señaló que la iniciativa no pretende crear nuevos derechos ni imponer posturas ideológicas, el planteamiento se presenta en un estado donde el aborto sigue penalizado y donde organizaciones civiles han denunciado la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, así como la criminalización de mujeres que enfrentan embarazos no deseados o situaciones de emergencia obstétrica.

Hernández Quintanar sostuvo que el derecho a la vida es la base de todos los derechos humanos y recordó que México ha firmado tratados internacionales en esta materia; sin embargo, dichos instrumentos también obligan al Estado a garantizar el acceso a la salud, la autonomía reproductiva y la no discriminación, aspectos que en Querétaro continúan siendo motivo de debate y rezago legislativo.

La diputada respaldó su propuesta en el marco legal estatal, que protege la vida desde la fecundación, y en el respaldo de agrupaciones empresariales, sociales y políticas con posturas conservadoras. No obstante, la iniciativa no contempla acciones concretas para atender problemáticas como la mortalidad materna, los embarazos adolescentes o la falta de políticas públicas integrales en materia de salud reproductiva.

Finalmente, mientras el PAN defiende la creación del “Día de la Vida” como un acto simbólico y de reflexión, críticos señalan que la propuesta prioriza una agenda ideológica sobre la discusión de fondo: la armonización de las leyes locales con criterios nacionales e internacionales que garanticen plenamente los derechos humanos de las mujeres en Querétaro.